Movilización Anti-Minera: alerta internacional

Quito, 13 de enero de 2009
ACCION URGENTE

www.movilizacionantiminera.blogspot.com

Solicitud: Alerta Temprana Internacional ante Amenazas del Gobierno
ecuatoriano a los movimientos sociales por movilizaciones laborales e
indígenas inminentes.

Comunicación de carácter Urgente dirigida a:

 Amnistía Internacional, sede Londres
 Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, sede París
 Organización Mundial Contra la Tortura, OMCT, sede Ginebra
 Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo,
PIDHDD Continental, sede Asunción
 Defensoría del Pueblo de Ecuador

c.c.: Presidencia de la República, Congresillo, Organizaciones Sociales y
Organizaciones nacionales de DDHH.

Han sido anunciadas en el Ecuador para los próximos días 15 y 20 de Enero,
dos movilizaciones sociales inminentes:

1) El jueves 15 de Enero, marchas de profesores, trabajadores, empleados
públicos y obreros del Estado y del sector privado, particularmente una
marcha nacional en la capital -Quito- convocadas por organizaciones
laborales y sindicales en demanda de atención y diálogo al Gobierno del
presidente Rafael Correa Delgado por respeto a los derechos universalmente
reconocidos de libertad sindical, organización laboral y contratación
colectiva, que están a punto de ser eliminados en el sector público debido a
un conjunto de normas y leyes ya expedidas en unos casos (nuevos preceptos
constitucionales que aniquilan el derecho a la sindicalización de los
empleados públicos, que divide a los trabajadores entre trabajadores
manuales e intelectuales, que separa a los obreros de los empleados, que
permite únicamente el derecho a sindicalizarse a los operarios de aseo,
limpieza y base en las entidades estatales, prohibiendo a miles de
secretarias, empleados y funcionarios intermedios tal derecho); y en otros
casos, leyes que inminentemente serán tratadas en el aparato Legislativo
(Ley LOSCA, Ley de Empresas Públicas, etc.), las mismas que ponen en riesgo
la existencia del derecho a la organización laboral en el Estado, así como
para concertar un aumento salarial que respete la dignidad humana y laboral,
y que rebase el aumento de 18 dólares decidido por el Gobierno nacional en
días pasados. En el caso de los profesores, la movilización será para que el
Gobierno cumpla su ofrecimiento de alzas salariales ajustadas a estándares
de calidad de vida y dignidad humana comprometidos por el Régimen el mes
pasado.

2) El miércoles 20 de Enero, una movilización nacional indígena,
particularmente para las regiones Sierra y Amazonía, para protestar por el
reincidente trato despectivo a los pueblos indígenas y sus organizaciones
más importantes por parte del Presidente Rafael Correa Delgado y muchos
funcionarios del poder Ejecutivo (Gobierno) y poder Legislativo (Comisión de
Legislación y Fiscalización), así como en salvaguarda de sus territorios,
comunidades y de los recursos naturales, en especial el Agua, amenazados
 según las organizaciones indígenas- por una Ley Minera el día de ayer, 11
de Enero, aprobada por la mayoría legislativa oficialista.

En ambos casos, ha sido público en los medios de comunicación nacionales e
internacionales las declaraciones amenazantes del Presidente del Ecuador,
Rafael Correa Delgado, contra ambas movilizaciones sociales nacionales, a
las cuales ha amenazado de manera pública y desmedida con ordenar, en el
primer caso, la cancelación inmediata de los trabajadores que participen en
la anunciada marcha y en su lugar colocará a "miles de jóvenes y profesores
sin empleo", argumentando que la nueva Constitución "prohibe paralizar los
servicios públicos y permite sancionar a sus autores", endeble cuanto
autoritario argumento que contradice las propias conductas del Gobierno,
pues:

UNO.- El Gobierno intenta desconocer y descalificar el derecho ciudadano a
movilizarse pacíficamente por reivindicaciones sociales. La anunciada marcha
nacional ha sido calificada no como una paralización de servicios públicos,
no como un sabotaje a la producción, sino como una simple movilización a pie
desde un punto de la ciudad a otro, para reclamar derechos sociales y
económicos.

DOS.- El Gobierno desconoce la propia nueva Constitución, que otorga a los
ciudadanos el derecho a la resistencia social ante medidas injustas.

TRES.- El Gobierno y sus distintos funcionarios y legisladores, permitió,
alentó, coordinó y se benefició durante los últimos dos años, de múltiples
marchas, concentraciones, actos, afiches, cuñas radiales y movilizaciones en
su favor, hechas por los mismos gremios de trabajadores, profesores,
empleados públicos y obreros que ahora sataniza, actividades en las que
participaron miles de ciudadanos de esos sectores organizados en distintas
fechas para promover y apoyar el triunfo electoral del actual Presidente en
las dos vueltas electorales fijadas, la apobación de las dos consultas
populares en pro de la Constituyente y el "Sí" a la nueva Constitución, el
triunfo de sus asambleístas en las elecciones para la Constituyente, etc. Es
decir: "lo que antes estaba bien" en apoyo de su Régimen o de sus tesis,
"hoy está mal", porque con esas marchas, movilizaciones y demandas, ahora no
se apoya o promueve electoralmente al Gobierno y sus funcionarios, sino se
exije el cumplimiento de ofrecimientos electorales, el respeto a los
derechos consignados en la Constitución (derechos de la Naturaleza, derechos
sociales, económicos, laborales y salariales, etc.) y la normativa
internacional suscrita por el Estado Ecuatoriano en materia laboral
(Convenios de la OIT ratificados por Ecuador en el tema del derecho a la
organización sindical y libertad de asociación).

En el segundo caso, la anunciada Movilización de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el Presidente y funcionarios
gubernamentales han repetido públicamente la misma discursiva
descalificadora de los anteriores gobiernos conservadores de Sixto Durán
Ballén, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio: "No
representan a nadie", "Los indígenas son una minoría", "La ley minera va
porque va, porque primero está el país", "Son extremistas", "Comunistoides",
"Izquierdistas infantiles", "Ecologistas radicales", etc. En el actual caso,
el Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado ha realizado una inédita campaña
mediática al ordenar la tranmisión de dos cadenas nacionales de televisión y
radio para deslegitimar y satanizar a los pueblos indígenas y sus
organizaciones. Ante la anunciada medida indígena en defensa del Agua, que
para esos pueblos es tan sagrado como para las comunidades urbanas su sueldo
mensual o la canasta básica, el Gobierno nacional también ha amenazado con
medidas de fuerza.

En ambos casos, se teme la represión oficial tanto en los días fijados para
las movilizaciones anunciadas, como en los días siguientes, a través del
mecanismo de despido intempestivo masivo a trabajadores, empleados públicos
y profesores, que -potencialmente- pudiera ser usado para dejar en el
desempleo a una capa de la población ligada al aparto estatal,
aprovechándose así -en el sector oficial- de la situación de Crisis
Financiera Mundial cuyos efectos en el Ecuador serán visibles, ante todo, en
el Desempleo Masivo, ya advertido por funcionarios del propio Régimen y el
mismo Presidente.

Como escenario general que rodea esta situación, el Gobierno nacional y el
propio Presidente -que se niega a dialogar con estos sectores sociales
populares- ha alentado y organizado en semanas pasadas, dos reuniones
dialogales consecutivas con el sector empresarial privado y financiero del
país, paera abordar, precisamente, cómo afrontar los inminentes efectos
devastadores de la Crisis Mundial en la economía dolarizada y petrolífera
del país. Es decir, el Jefe de Estado que sataniza y advierte una represión
masiva al derecho de movilización pacífica contra los sectores sociales de
estratos bajos y medios que han pedido infructuosos diálogos directos con él
y su Gobierno, que se niega a dialogar con los trabajadores sindicalizados
del sector público que le han pedido numerosas reuniones, hoy, cuando
aquellos ejercitarán su derecho a la protesta pacífica a través de marchas
obligadas por la ausencia de diálogo, ese mismo Jefe de Estado invita al
palacio presidencial, a desayunos o almuerzos de trabajo, a reuniones con
todo su gabinete, a los sectores empresariales y financieros del país. El
trato desigual e inequitativo es lo que más llama la atención.

Como escenario particular que rodea esta situación, acabó en días pasados de
realizarse protestas de organizaciones y comunidades contra la Ley de la
Minería aprobada ayer por el "Congresillo". Esa jornada de protesta, y la
reacción oficial, fueron violentas en muchos casos, dejando de saldo
heridos, detenidos, golpeados, niños gaseados, mujeres heridas, un policía
herido, secuestrado y liberado, una ambulancia incendiada, etc.

Es decir, es totalmente reciente una jornada violenta que pudiera desembocar
en una espiral de violencia estatal y social debida a la descalificación
pública del Gobierno y a la ausencia de diálogo total con los sectores
indígenas, laborales y movimientos sociales.

PETICIONES:

Hago el presente llamamiento de ALERTA URGENTE a todas las Organizaciones y
Redes Mundiales y Continentales de Derechos Humanos, en similar actitud que
lo hiciera en el pasado en antelación a levantamientos indígenas, paros
obreros o movilizaciones ciudadanas en los años 1992, 1997, 1999, 2000,
2001, 2003 y 2005. Solicito procedan a exhortar de manera pronta con
escritos directos y llamamientos públicos, al Estado Ecuatoriano, al
Presidente de la República, Econ. Rafael Correa, a su Gobierno, Ministros de
Gobierno (Fernando Bustamante), Seguridad Interna (Gustavo Larrea), Defensa
(Javier Ponce) y Fuerza Pública (Policía Nacional, Comandante General: Jaime
Hurtado V.).

Solicito reclamen al Gobierno nacional que, especialmente durante esos días,
garantice el respeto a la libertad de expresión, información y prensa,
particularmente a los periodistas, reporteros, presentadores de noticias y
medios de comunicación social ecuatorianos.

Solicito a la Defensoría del Pueblo en la persona de su máxima autoridad,
proceda a arbitrar de manera urgente las medidas preventivas de protección a
los derechos humanos de la población manifestante, tanto en la ciudad como
en el campo, cursando instrucciones precisas a los Directores Provinciales
de la DDP y pronunciando su postura humanista y de advertencia al Gobierno
en caso de que proceda a cancelar a dirigentes sociales, profesores,
trabajadores, empleados, obreros, secretarias, etc., así como de
exhortativas previas para que la represión policial indiscriminada y el uso
excesivo de la fuerza sean evitados por la Fuerza Pública.

Solicito al Gobierno nacional demostrar un espíritu realmente humanista y
democrático, aceptando un diálogo Urgente con los defensores de DDHH del
Ecuador, puesto que solo en una ocasión ha dialogado con éstos, precisamente
cuando transcurría otra desgracia social y emergencia estatal: los hechos de
Dayuma (provincia de Orellana).

Exhorto al Presidente Rafael Correa a invitar y realizar un diálogo con los
defensores de DDHH, parecido al que sostuviera cuando invitó a los gremios
empresariales y financieros, para encontrar puntos de acuerdo en los grandes
temas nacionales:

 Alternativas nacionales a la Crisis Mundial que NO impliquen la reducción
o violentación de los derechos humanos, económicos, sociales y laborales de
la población ecuatoriana, especialmente la población popular y vulnerable,
con mayor énfasis en la protección del derecho al trabajo y al empleo. Una
persona que pierde su empleo son tres personas como mínimo: él, su pareja y
un hijo.

 Mecanismos de diálogo con los movimientos sociales, laborales y ciudadanos
para un Consenso sobre la Crisis, en parecida iniciativa a la que está
levantando la Ministra del Trabajo de Chile: "¡Todos a concertar para
superar la Crisis. Ni un solo trabajador despedido en Chile!".

 Compromiso presidencial de evitar violaciones a los derechos humanos,
sociales y laborales.

 La coyuntura a la que está entrando el Ecuador es TAN GRAVE, que es
necesario desactivar las condiciones y causas que están acumulándose
rápidamente, y que pudieran llevar, más temprano de lo que se piensa, a una
crisis mayor de grandes proporciones y de carácter institucional y político
que hay que evitar siendo responsables, los movimientos sociales, la
sociedad civil, las instituciones del Estado, las FFAA, los grupos de poder,
pero en primer lugar el propio Gobierno y su mayoría legislativa. No hay
tiempo que perder. En seis meses puede llegarse a una situación de no
retorno. Sr. Presidente, es hora de abrir el diálogo con quienes tanto ha
subestimado.

A las Organizaciones ecuatorianas de DDHH exhorto a recuperar y defender su
identidad, a promover la defensa de los derechos humanos de todas y todos, a
preparar la arquitectura legal internacional y las medidas conjuntas que
permitan proteger a la población más vulnerable en los siguientes días.

A los ciudadanos de Ecuador y la comunidad latinoamericana e internacional
que crean pertinente sumarse a este esfuerzo, les solicito pronunciarse en
defensa de la paz y los derechos humanos.

Dirija sus pronunciamientos y mensajes URGENTES a los siguientes correos
electrónicos:

Presidencia de la República: <Rafael.CorreaDelgado@presidencia.gov.ec> Y
,
Presidencia Legislativa:
Con copia: alexisponce.b@gmail.com

NADA HUMANO NOS ES AJENO,

Alexis Ponce
Activista Defensor de los DDHH
Fundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH
CI 170884944-1
Teléfonos: (593) (2) 920456 y 096-019109 / APDH: (2) 569823