Dayuma, un anno dopo.

Dayuma en el corazón
Pablo Dávalos

Las justificaciones:

El Ministro de Gobierno de Alianza País, Fernando Bustamante, ha sido
llamado a mediados de febrero, a la Asamblea Constituyente a exponer las políticas de Estado con respecto a la seguridad nacional y con referencia a lo ocurrido en la parroquia de Dayuma, provincia de Orellana, en la amazonía ecuatoriana. El Ministro justificó el uso de la fuerza y la utilización del ejército en contra de la población civil, indicando que se trataba de un caso grave y extremo de violencia y provocación de sectores interesados en inducir el caos en el país. Se trata, en realidad, de una retórica recurrente en casi todos los gobiernos en los que, casi siempre y según la lógica oficial, en todo acto de protesta o movilización social, hay infiltrados que provocan a la población y a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, lo que llama la atención en esta oportunidad, fue la frase utilizada por el Ministro de Gobierno, justificando lo ocurrido en Dayuma porque, según él, en hechos anteriores se habían registrado "34 bajas sufridas por las fuerzas del orden", aunque el Ministro tuvo que precisar de
que no se trataron de "bajas mortales", es decir, no hubieron muertos. La utilización de la retórica belicista para calificar los enfrentamientos
entre la población y el gobierno dan cuenta de que en las coordenadas del poder la política debe entenderse siempre como un campo de confrontaciones
bélicas, en las que la referencia a lo bélico no es una metáfora sino una
realidad. El lapsus del Ministro forma parte de una visión pragmática del
poder en el que los que no están con el gobierno evidentemente están en su
contra, y por tanto se convierten en enemigos a los que hay que derrotar
bélicamente.
La población de Dayuma, por el único delito de ejercer el
derecho ciudadano (en pleno contexto de "revolución ciudadana") a la
protesta, fue considerada como un enemigo militar y tratada a ese tenor. Sus
pobladores ahora están acusados de terrorismo por quienes, precisamente,
utilizaron el terrorismo de Estado como arma de confrontación política.

Los "terroristas"

Vicente Moreira es el panadero de la parroquia rural de Dayuma. Cuando el
ejército irrumpió en la parroquia y empezó a buscar a los "terroristas",
Vicente estaba en su panadería amasando el pan de la tarde. Su esposa, Luz
del Alba, estaba embarazada y trató de proteger su hogar. Tanto ella como
Vicente fueron brutalmente golpeados. Luz del Alba casi pierde a su niño y
Vicente aún está en la cárcel acusado de terrorismo. En la población de
Dayuma, el argumento de que Vicente habría dado positivo en la prueba de la
parafina, lo que supuestamente demostraba su "participación terrorista",
provoca sonrisas de incredulidad y desasosiego ante el cinismo
gubernamental. Su esposa ahora está en la miseria y vive de la solidaridad
del poblado. Su niño recién nacido está enfermo y no tiene medicinas. La
madre de Wilmer Armas, Gloria Ramírez, no entiende aún porqué su hijo está
en la cárcel acusado de terrorismo. Wilmer es el vicepresidente de la Junta
Parroquial de Dayuma y como autoridad local, había ido a negociar con el
ejército que se había apostado a la entrada de la población. Wilmer fue
golpeado apenas llegó al sitio y luego fue torturado. Gloria aún no puede
entender porqué tanta violencia, porqué tanta saña del gobierno. Rosa
Mangasha, indígena de la zona y que habita en la parroquia, cuenta cómo el
ejército entró en su hogar disparando y lanzando gases lacrimógenos. Sus
hijas de dos y tres años se desmayaron por los gases lacrimógenos. Su
esposo, al tratar de protegerlas, fue abaleado, y herido fue arrastrado y
pisoteado hasta los camiones que amontonaban los detenidos uno encima de
otro. Pastora Morillo, embarazada, fue golpeada y su hogar fue inundado de
gases lacrimógenos. Jorge Plazarte, fue golpeado, pisoteado, encarcelado y
casi pierde la visión en el ojo izquierdo. Abel Mina fue golpeado
conjuntamente con su padre que estaba convaleciendo de una operación
quirúrgica, y también fue encarcelado. Leonel Moya cuenta como lo golpearon:
"me pusieron contra el piso y una bota encima de rostro me restregaba contra
el suelo, mientras me insultaban y me decían que me iban a matar". Son
nombres entre varios, que no serán considerados como bajas civiles ni como
víctimas del terrorismo de Estado, simplemente es pueblo que tuvo el coraje
de reclamar lo que consideraban justo. Para el régimen todos ellos son
terroristas. Los organismos de derechos humanos han guardado un silencio
bastante parecido a la complicidad, y lo único que han reprochado es que los
detenidos hayan sido trasladados en medios de transporte no adecuados. Ahora
Dayuma es un pueblo fantasma. La alegría de un pueblo que se parecía mucho a
Macondo o Comala, fue robada por un gobierno que se autoproclama defensor de
la "revolución ciudadana". Margarita Mora, habitante de Dayuma dice del
Presidente Rafael Correa, con lágrimas en los ojos, que se le cayó la
imagen que de él había construido: "Luché por él. Hice campaña porque lo
consideré un hombre honesto, pero ahora se me ha caído del pedestal".
Guadalupe Llori, prefecta provincial de Orellana, que nada tenía que ver con
los eventos, ha sido convertida en víctima propiciatoria y acusada de ser la
instigadora de los "hechos terroristas de Dayuma". El sistema jurídico
ecuatoriano la ha exonerado de toda culpa con respecto a Dayuma, pero el
gobierno ejerce presión sobre la justicia para evitar su libertad. Aún está
en la cárcel. El gobierno hace cálculos para evitar que Llori asuma
nuevamente la Prefectura de la Provincia, y en su lugar se posesione alguien
vinculado al régimen, y de esta manera tener carta blanca para su política
extractivista en la región. Hasta ahora nadie ha defendido a los
"terroristas" del terrorismo de Estado. Siguen esperando la amnistía por un
delito que no cometieron.

Los cómplices

La Asamblea Constituyente ecuatoriana, totalmente controlada por el
gobierno, y que incluso se arrogó para sí los "plenos poderes", no pudo ni
siquiera aprobar una moción de respaldo a los derechos humanos de la
población de Dayuma. El Presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto
Acosta, personaje vinculado a los derechos humanos y a la crítica al
neoliberalismo, durante la coyuntura de la represión en Dayuma guardó un
silencio cómplice con los represores, e impidió que la Asamblea
Constituyente se pronunciase a favor de los derechos humanos de la población
de Dayuma. La razón de Estado se convirtió en más importante que cualquier
pronunciamiento que pudiese debilitar al régimen, aunque sea al costo de
defender los derechos humanos fundamentales. Dayuma afectó la credibilidad y
legitimidad de la Asamblea Constituyente. Ahora, muchos sectores miran con
desconfianza y se preguntan qué clase de Carta Constitucional puede aprobar
una Constituyente que no pudo, ni supo defender los derechos más
fundamentales de su población. Con qué legitimidad ahora se puede hablar de
"revolución ciudadana", si el derecho ciudadano básico a la integridad, fue
violentado y pisoteado en Dayuma. El régimen realiza una presión política
fuerte sobre la Asamblea Constituyente para evitar que ésta apruebe una
moción de amnistía para los pobladores de Dayuma que ahora afrontan juicios
penales por terrorismo. La dócil Asamblea Constituyente sigue haciendo caso
omiso de los pedidos para que se absuelva y se compense a los pobladores de
Dayuma.

Los culpables

Habíamos sido testigos en América Latina de cómo diferentes gobiernos
neoliberales criminalizaron a los movimientos sociales y a las protestas
sociales y ciudadanas, y guardábamos la esperanza de que los gobiernos
progresistas, al menos, restauren los principios de los derechos
fundamentales. Pero aquella tenue frontera entre la criminalización y la
construcción del enemigo a combatir, era un espacio que ni siquiera nos
habíamos imaginado. Las declaraciones del ministro ecuatoriano del Interior
sobre Dayuma, y su contabilidad de las bajas militares en su guerra en
contra del pueblo, dan cuenta que en América Latina ha empezado no solo un
proceso de criminalización a las movilizaciones sociales y protestas
ciudadanas, sino un verdadero causus belli en contra de la población. Se
trata de un retorno a las épocas del terrorismo de Estado, en el que los
gobiernos utilizaron el poder y la violencia del Estado para provocar
verdaderos genocidios a nombre de la razón de Estado. El nuevo terrorismo de
Estado, en el que Dayuma, al igual que los mapuches perseguidos en Chile, es
el nuevo argumento del poder que quiere expulsar a las poblaciones de los
territorios que han sido privatizados en el nuevo festín de los denominados
"commodities" (petróleo, madera, agua, minerales, agrocombustibles, etc.).
En el nuevo terrorismo de Estado, en el que los legítimos actos de defensa y
de protesta de la población, y que, además, son parte de las garantías y
derechos fundamentales del liberalismo clásico, son visualizados como actos
terroristas, y el ejército y la policía tiene "bajas" en su confrontación
con la población civil, son concomitantes a las nuevas derivas del
sistema-mundo capitalista, en el que los países de la periferia se
convierten nuevamente en exportadores de materias primas, y sus poblaciones
se convierten en enemigos a controlar, someter o a expulsar. Se trata de una
nueva división internacional del trabajo en el que se retorna al capitalismo
decimonónico. Son tiempos de conquista, de ocupación, de violencia. Entre
Dayuma y el caso Poluco Pidenco en Chile, media esa construcción del
terrorismo estatal y la razón del poder que sigue siendo mercantil y
neoliberal. Hay un hilo conductor entre la huelga de hambre de Patricia
Troncoso Robles, hermana del pueblo mapuche, y la resistencia de Dayuma:
evidencian que la globalización neoliberal empieza a mostrar su verdadero
rostro de medusa y que los pueblos ahora tendrán que defenderse incluso de
aquellos gobiernos que se autoproclaman socialistas.