Campagna per la liberazione immediata dei prigionieri politici del MST

Campaña por la liberación inmediata de los presos políticos del MST

La lucha social y, especialmente, la lucha por la reforma agraria vuelven a ser fuertemente criminalizadas. Otra vez se enviste de manera grotesca contra el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil. En este momento, decenas de “sin tierra” están presos en varias ciudades del país, y otros tantos fueron condenados a largas penas por el simple hecho de buscar tierra para sobrevivir y producir, una acción que el propio Superior Tribunal de Justicia ya decidió que no configura los delitos de “despojo posesorio” y “formación de cuadrilla”, por los cuales muchos de los militantes han sido acusados.

La ofensiva, articulada en conjunto por los grandes medios de comunicación, latifundistas, agronegocio, diversos sectores de la Policía y del Poder Judicial, se muestra más evidente con nuevas represiones y encarcelamientos de trabajadores en São Paulo y en Santa Catarina. Estas configuran un escenario agravado de criminalización que ya estaba presente en otros estados (como Río Grande do Sul, Pará y Pernambuco, entre otros). Medidas represivas que se suman y se articulan también, milimétricamente, con el inicio de una investigación parlamentaria sobre el MST (como desea la gran prensa), que, a su vez, está siendo usada por la bancada rural y por otros sectores reaccionarios como un gran escenario y verdadero instrumento para las disputas electorales de 2010, que ya están en pleno desarrollo en todo Brasil.

La intensificación de la criminalización y de la estigmatización del MST, así como la tentativa forzada de vincular al MST con grupos, candidatos y partidos políticos, apuntan, por lo tanto, no sólo a la represión contra los militantes sociales que luchan por tierra y dignidad, sino que pretenden confundir y manipular la opinión pública brasileña, atentando contra la frágil democracia del país.

Estado de São Paulo

El estado de São Paulo es uno de los lugares donde la situación es más grave y escandalosa en este momento. El 25 de enero, la policía puso en marcha un cerco a los asentamientos y campamentos de la reforma agraria en la región de Iaras, interior del estado, portando órdenes de “búsqueda, incautación y cárcel”, con el objetivo de intimidar, reprimir y aprehender militantes del MST. Nueve militantes asentados y acampados fueron detenidos y llevados a la comisaría de Bauru, de donde fueron conducidos a diferentes cárceles de la región, para dificultar su contacto y su asistencia. Entre ellos, se encuentran el ex alcade de Iaras -SP, Edilson Granjeiro Xavier, y la actual concejala por la ciudad, Rosimeire Pan D’Arco de Almeida Serpa, ambos del Partido de los Trabajadores (PT). EL intento de uso electorero de la situación es evidente, ya que los propios “investigadores” involucrados en el caso admiten que no efectúan ninguna acción sin el total conocimiento del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de São Paulo, de la administración José Serra.

De aquí para allá, en un proceso oscuro, lleno de arbitrariedades políticas y fragilidades jurídicas, más de 50 militantes del MST ya fueron sindicados; 20 militantes ya tenían sus “detenciones” decretadas; y 7 militantes continúan presos, sin posibilidad de salida. Además, otros procesos antiguos contra militantes del MST, en diversas regiones del estado – como Campinas, Ribeirão Preto, Puntal y el Vale del Paraíba -, están siendo resucitados en una increíble “coincidencia”. Sólo en el Vale del Paraíba hay más de 11 militantes condenados, siendo que dos de ellos (Eulino Oliveira - Suyo Lino - y Luciano Correia) están cumpliendo penas de más de 6 años de reclusión. Hay la posibilidad de más detenciones y otros tipos de represión en el estado.

En el caso específico y urgente de Iaras, tal represión representa todo un proceso de criminalización y persecución que fue acelerado a partir del circo espectacularmente montado por la gran prensa (sobre todo por la Red Globo), y de los acontecimientos políticos ocurridos con ocasión de la ocupación de la hacienda Capín, una inmensa área grilada (1) por la transnacional Sucocítrico Cutrale. El MST reivindica desde hace años para la reforma agraria aquellas áreas públicas del Complejo Monzones, comprobadamente griladas a la Unión por esta poderosa empresa del agronegocio. Es lamentable que, en lugar de acelerarse el proceso de reforma agraria y la democratización del uso de la tierra, una vez más lo que hay es mayor arbitrariedad, represión y violencia, tan acelerada cuanto más indeciso ha sido el Estado para recuperar tierras públicas y expropiar tierras desocupadas para fines de reforma agraria y democratización del acceso a la tierra.

En un clima de terror, además de apresar a militantes de Iaras-SP, los policías cercaron casas y barracas, amedrentando a las familias y también tomando pertenencias personales. Todo eso con el objetivo de forjar pruebas contra los agricultores, induciendo que los objetos habrían sido robados durante la ocupación de octubre de 2009 a las tierras griladas por la Cutrale. Lo curioso es que, pasados más de 4 meses desde la ocupación y de los hechos calificados como delitos, el comisario de la Policía Civil ya escuchó a más de 47 personas entre funcionarios y exfuncionarios de la Cutrale e integrantes del MST (acampados y asentados) en la región de Iaras, que participaron de la ocupación. Sólo no diligenció para oír a los 20 investigados antes mencionados. En relación al comprobado grillo efectuado por la transnacional a las tierras públicas, obviamente ninguna diligencia o medida concreta ha sido tomada.

Otro elemento grave es que el juez que firmó las órdenes de captura se valió de hipótesis, conjeturas y subjetivismo personal, articulados por el comisario de Policía y endosados por el Promotor de Justicia, para decretar la cárcel temporal de los investigados, por cinco días, ya prorrogada por un tiempo mayor. La "justificación" es que, si las 20 personas continuas libres, podrían obstaculizar las investigaciones, ya que son “peligrosas, violentas, que ejercen influencias sobre los demás “sin tierra” y que causan temor y miedo a las personas y, que por ser del MST, pueden fácilmente esconderse en un lugar u otro”. Ocurre que, en cuatro volúmenes de investigación, no existe una prueba siquiera que respalde el acuerdo de estas tres autoridades oficiantes en los autos. Eso muestra la ilegalidad de las órdenes de detención. Desde hace más de 5 años, la billonaria transnacional Cutrale ha sido acusada e investigada por prácticas monopólicas en el sector de las naranjas y por beneficiase de las peores formas de utilización de agrotóxicos y venenos, así como de relaciones laborales absolutamente precarias, generando perjuicios y destrucción para centenas de miles de trabajadores rurales, sin embargo ninguna medida ha sido tomada, ni tampoco sus billonarios propietarios son considerados “peligrosos, violentos” para la sociedad brasileña.

El hecho es que las detenciones de los “sin tierra” no encuentran motivación fáctica, están desviadas de las exigencias legales, no atienden a los dictámenes de la Justicia sino al egoísmo de quienes las requieren, de quien las endosó y de quien las decretó, pues, con ellas, pasaron a ganar notoriedad y evidencia en los mass media, sobre todo en la Red Globo (vía su filial local, TV TEM). Emisora esta que, a diferencia del tratamiento dado a los abogados de los trabajadores, los cuales deberían tener constitucionalmente asegurada una amplia información sobre los autos, siempre tiene de primera mano, en cuestión de minutos, lo que se pasa en los autos de la investigación. Y más grave aún: muchas veces, obtienen con anticipación informaciones que deberían ser secretas y restringidas a la Justicia. Medidas que, lejos de ser imprescindibles para el curso de las investigaciones criminales y para la información de la opinión pública, están orientadas a satisfacer las demandas políticas de los latifundistas, del agronegocio y de la elite local, opuestos a la realización de la reforma agraria en la región.

Los abogados de los trabajadores están intentando, con mucha dificultad, acompañar la situación y obtener información sobre los procesos, pues la policía no asegura a las partes plenamente el derecho constitucional de la información sobre los autos y, sobre todo, sobre las cárceles.

Santa Catarina, Río Grande do Sul, Pará, Pernambuco...

En Imbituba (SC), Altair Lavratti, uno de los coordinadores del MST catarinense, fue arrestado el 28 de enero. Cerca de 30 policías militares realizaron la “detención preventiva” en el momento en que el dirigente del MST realizaba una reunión pública, en un galpón de reciclaje de basura de la ciudad. La acusación fue que Lavratti, junto con otros sindicalistas y militantes sociales, preparaba una ocupación de tierras en la región. Al igual que en otros lugares, fue llevado bajo la acusación de “formación de cuadrilla”. Otras dos personas también fueron detenidas, una de ellas, Marlene Borges, presidenta de la Asociación Comunitaria Rural, está embarazada. Su casa estaba vigilada desde la madrugada del mismo día y fue llevada a Criciúma (SC). El otro militante, Rui Fernando da Silva Junior, fue llevado a Laguna (SC).

Desde neutro punto de vista, claramente se trata de un nuevo “globo de ensayo”, semejante a los ya realizados en estados como Río Grande do Sul – donde el Ministerio Público regional llegó a listar, en las actas de las reuniones, una serie de estrategias buscando la “disolución del MST”-, igual como en los estados de Pará – región en la que entre 1982 y 2008, fueron asesinados más de 680 trabajadores rurales, según la Comisión Pastoral de Terra (CPT), y prácticamente ningún latifundista fue juzgado o castigado- y de Pernambuco –que está viviendo un aumento de encarcelamiento y asesinatos significativos de trabajadores rurales y militantes sociales “sin tierra”. En todos estos estados, siguiendo el ejemplo de los montajes recientes de São Paulo, los grandes medios de comunicación, se han especializado en convertir en crimen y anarquía, el derecho constitucional a la reunión y organización popular por reivindicación de derechos. Para eso actúan cada vez más descaradamente junto a la policía y las elites locales, forjando “reportajes”, “pruebas” y “escándalos” que son utilizados para aumentar la criminalización y estigmatización de los luchadores sociales y de la población más pobre en general, describiéndolos como “anarquistas”, “bandoleros” y “terroristas”. Así contribuyen, de forma absolutamente ilegal e irresponsable, al aumento de la tensión en el campo.

Criminalización y Derechos Humanos

Un cuadro terrible que sólo ratifica la creciente criminalización de los pobres y sus movimientos sociales en todo el país, el cual viene siendo ampliamente denunciado y detallado, de forma muy amplia, por cientos de organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores y trabajadoras, foros sociales, medios de comunicación independientes, movimientos populares, y militantes de derechos humanos.

Un escenario que sólo refuerza la urgencia de la aprobación e implementación integral del Programa Nacional de Derechos Humanos 3 (PNDH-3), firmado por decenas de ministros y por el propio Presidente de la República, el cual prevé una serie de medidas y avances importantes en el sentido de disminuir la violencia y garantizar los derechos humanos fundamentales a la sociedad brasileña y a su incipiente democracia. En el caso específico de los conflictos rurales, se orienta a la creación de nuevos mecanismos de mediación previa antes de la concesión de providencias de reintegración de posesión y de las órdenes de prisión en el medio rural brasileño, con el objetivo de disminuir la violencia contra los trabajadores rurales.

Otro elemento importante, que coincide con ese cuadro de violencia y criminalización agravado en el campo brasileño, está relacionado al hecho de que el gobierno Lula no ha cumplido con la meta (ya rebajada) de reforma agraria, y no haber tenido la voluntad de ordenar al Ministro de la Agricultura, Reinhold Stefanes – representante del latifundio en su Gabinete –, que firme la instrucción de actualización de los Índices de Productividad –, aspecto que fue mencionado por el Presidente en 2009, y que está también previsto y reiterado en el PNDH-3.

Solidaridad y libertad

Se trata de una situación urgente, vivida ahora con más violencia por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y sus militantes, pero que tiene motivaciones y estrategias muy semejantes a aquellas utilizadas contra militantes sindicales en sus huelgas y movilizaciones (que cada vez más sufren “interdictos prohibitorios”); contra militantes de la comunicación popular, de radios comunitarias y otros medios (expropiados, presos y criminalizados); contra mujeres que se levantan contra el machismo y el sexismo, dentro de casa y en el espacio público (sobre-violentadas); contra comunidades indígenas, quilombolas, ribereñas y de poblaciones afectadas por inundaciones y represas (victimizadas y desatendidas); y sobre todo contra trabajadores pobres y negros de las periferias urbanas, donde se vive desde hace tiempo un verdadero genocidio clasista y racista.

Es obvio que no somos nosotros, trabajadores y trabajadoras pobres, quien estamos llevando a cabo este verdadero proyecto de destrucción, vía explotación de las personas y de los recursos naturales del país. Es obvio que el dinero de toda esta explotación y de toda esta destrucción no sale de nuestras manos, mucho menos regresa en forma de lucro y corrupción a nuestros bolsillos; sin embargo somos nosotros quien estamos sufriendo, cada vez más, las violencias de este proceso de segregación y de acumulación sin limites, teniendo aun que sufrir en nuestra piel con más intensidad los terribles daños socio-ambientales de una elite irresponsable, además de ser cada vez más criminalizados, reprimidos y estigmatizados por un Estado y por unos grandes medios serviles a los intereses de sus propietarios y financistas. Ahora, la organización social se tornó, para ellos, en sinónimo de “formación de cuadrilla”.

Por todo esto es urgente que nos solidaricemos unos con otros, en nombre de la democracia y de la libertad. En este momento, “somos tod@s sin tierra” y exigimos la inmediata liberación de los presos y presas políticas del MST. Convocamos también a todos los simpatizantes políticos, organizaciones de derechos humanos y periodistas comprometidos con la lucha por la reforma agraria y con la lucha del pueblo brasileño a divulgar ampliamente y acompañar más de cerca toda esta urgente situación. Es necesario que se formen Núcleos de Denuncia de la Criminalización y de Solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras de cada región. Y, así, deberemos hacerlo en cada sector, en cada movimiento, en cada persona de nuestra clase social que esté siendo víctima de violencias y abusos semejantes. (Traducción Minga Informativa de Movimientos Sociales)

Nota: (1) NdT. Grillar significa apoderarse de tierras ajenas con falsos títulos de propiedad.

versione originale

A luta social e a luta pela Reforma Agrária voltam a ser fortemente criminalizadas. Em destaque, outra vez, uma investida pesada contra o MST. Neste momento, Sem Terra são condenados a penas altíssimas pelo simples fato de buscarem terra para sobreviver e produzir – uma ação que o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu não configurar os delitos de “esbulho possessório” e “formação de quadrilha”, pelos quais muitos dos militantes têm sido acusados.

A ofensiva, articulada entre os grandes meios de comunicação, latifundiários, agronegócio, diversos setores da Polícia e do Poder Judiciário, mostra-se mais evidente com novas repressões e prisões de trabalhadores em São Paulo e em Santa Catarina. Elas vêm a aprofundar um cenário de criminalização que já estava bastante grave em outros estados (como o Rio Grande do Sul, Pará e Pernambuco, dentre outros). Medidas repressivas que se somam e se articulam também, milimetricamente, com o início dos trabalhos de mais uma “CPMI do MST” (como deseja a grande imprensa), a qual, por sua vez, tem sido usada pela bancada ruralista e por outros setores reacionários como um grande palco e verdadeiro instrumento para as disputas eleitorais de 2010, que já estão a todo vapor no Brasil inteiro.

A intensificação da criminalização e da estigmatização do MST, bem como a tentativa forçada de vinculação do MST com grupos, candidatos e partidos políticos, visam, portanto, não apenas a repressão contra os militantes sociais que lutam por terra e dignidade, mas pretendem confundir e mistificar a opinião pública brasileira, atentando contra a frágil democracia do país.

Estado de São Paulo

O estado de São Paulo é um dos lugares onde a situação é mais grave e escandalosa atualmente. No dia 25 de janeiro, a polícia iniciou um cerco aos assentamentos e acampamentos da reforma agrária na região de Iaras, interior do Estado, portando mandados de “busca, apreensão e prisão”, com o intuito de intimidar, reprimir e prender militantes do MST. Nove militantes assentados e acampados foram detidos e levados para a delegacia de Bauru – de onde foram espalhados em diferentes prisões da região, para dificultar o seu contato e sua assistência. Dentre eles encontravam-se o ex-prefeito de Iaras, Edilson Granjeiro Xavier, e a atual vereadora pela cidade, Rosimeire Pan D’Arco de Almeida Serpa, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT). A tentativa de uso eleitoreiro da situação é evidente, já que os próprios “investigadores” ligados ao caso assumem que não tomam qualquer atitude sem o total conhecimento do Secretário de Segurança Pública do Governo de São Paulo, da gestão José Serra.

Nesta quarta-feira (10/2), a mobilização contundente das forças sociais contra o processo de criminalização dos Sem Terra na região de Iaras culminou na suspensão da prisão dos militantes. O Desembargador Luiz Pantaleão, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, acolheu o pedido de habeas corpus feito pela defesa dos Sem Terra. Da sentença, porém, ainda cabe recurso e o mérito ainda será julgado. Apesar de soltos, os Sem Terra continuarão como réus no processo que investiga ação realizada na área grilada pela empresa Cutrale. O processo está na fase de inquérito e outras 55 pessoas ainda podem ser indiciadas.

Além disso, outros processos antigos contra militantes do MST, em diversas regiões do estado – como Campinas, Ribeirão Preto, Pontal e o Vale do Paraíba -, têm sido ressuscitados numa incrível “coincidência”. Apenas no Vale do Paraíba há mais 11 militantes condenados, sendo que dois (Eulino Oliveira - Seu Lino - e Luciano Correia) já presos cumprindo penas de mais de 6 anos de reclusão. Há a possibilidade de mais detenções e outros tipos de repressão no estado.

No caso específico e emergencial de Iaras, tal repressão é o aprofundamento de todo um processo de criminalização e perseguição que foi acelerado a partir do circo espetacularmente armado pela grande imprensa (sobretudo via Rede Globo), e dos desdobramentos políticos ocorridos por ocasião da ocupação da Fazenda Capim, uma imensa área grilada pela transnacional Sucocítrico Cutrale. O MST reivindica há anos para a reforma agrária aquelas áreas públicas do Complexo Monções, comprovadamente griladas da União por esta poderosa empresa do agronegócio. É lamentável que, ao invés de se acelerar o processo de Reforma Agrária e a democratização do uso da terra, mais uma vez o que se tem é ainda mais arbitrariedade, repressão e violência – tão acelerada quão vagaroso tem sido o Estado para recuperar terras públicas e desapropriar terras devolutas para fins de reforma agrária e democratização do acesso à terra.

Num clima de terror, além de prenderem militantes de Iaras-SP, os policiais cercaram casas e barracos, amedrontando as famílias e também apreendendo pertences pessoais. Tudo isso com o objetivo de forjar provas contra os agricultores, induzindo que os objetos teriam sido roubados durante a ocupação de outubro de 2009 às terras griladas pela Cutrale. O curioso é que, passados mais de 4 meses desde a ocupação e dos fatos ditos criminosos, o delegado da Polícia Civil já ouviu mais de 47 pessoas entre funcionários e ex-funcionários da Cutrale e integrantes do MST (acampados e assentados) na região de Iaras, que participaram da ocupação. Só não diligenciou para ouvir os 20 investigados acima referidos. Em relação ao comprovado grilo feito pela transnacional às terras públicas, obviamente nenhuma apuração ou medida concreta foi tomada.

Outro elemento grave é que o juiz que assinou o despacho prisional se valeu de hipóteses, conjecturas e subjetivismo pessoal, articulados pelo delegado e endossados pelo Promotor de Justiça, para decretar a prisão temporária dos investigados, por cinco dias, já prorrogada por tempo maior. A "justificativa" é a de que, se as 20 pessoas continuassem soltas, poderiam atrapalhar as investigações, visto que são “perigosas, violentas, que exercem influências sobre os demais Sem Terra e que causam temor e medo às pessoas e, que por serem do MST, podem facilmente se esconder num lugar ou noutro”. Ocorre que, em quatro volumes de inquérito, não existe uma prova sequer que respalde o entendimento destas três autoridades oficiantes nos autos. Isso mostra a ilegalidade dos decretos de prisão. Já contra a bilionária transnacional Cutrale, que há mais de 5 anos é acusada e investigada por prática de cartel no setor de laranjas e que se beneficia das piores formas de utilização de agrotóxicos e venenos, bem como de relações trabalhistas absolutamente precárias, gerando prejuízos e destruição para centenas de milhares de trabalhadores rurais, nenhuma medida tem sido tomada, muito menos seus bilionários proprietários são considerados “perigosos, violentos” para a sociedade brasileira.

O fato é que as prisões dos Sem Terra não encontram motivação fática, estão desgarradas das exigências legais, não atendem aos ditames da Justiça e sim ao ego de quem as requereu, de quem as endossou e de quem as decretou, pois, com elas, passaram a ganhar notoriedade e evidência na mídia, principalmente na Rede Globo (via sua afiliada local, TV TEM). Emissora esta que, diferente do tratamento dado aos advogados dos trabalhadores – os quais deveriam ter constitucionalmente assegurados a ampla informação sobre os autos -,sempre tem em primeira mão, em questão de minutos, o que se passa nos autos do inquérito. E mais grave: muitas vezes tem obtido com antecedência informações que deveriam ser sigilosas e restritas à Justiça. Medidas que, longe de serem imprescindíveis para o curso das investigações criminais e para a informação da opinião pública, são para atender as vontades políticas dos latifundiários, do agronegócio e da elite local, avessos à efetivação da reforma agrária na região.

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Pernambuco...

Em Imbituba (SC), Altair Lavratti, um dos coordenadores do MST catarinense, foi preso no dia 28 de janeiro. Cerca de 30 policiais militares efetuaram a “prisão preventiva” no momento em que o dirigente do MST realizava uma reunião pública, num galpão de reciclagem de lixo da cidade. A acusação é de que Lavratti, junto com outros sindicalistas e militantes sociais, preparava uma ocupação de terras na região. À exemplo de outros lugares, foi levado sob a alegação de “formação de quadrilha”. Outras duas pessoas também foram detidas, sendo que uma delas, Marlene Borges, presidente da Associação Comunitária Rural, está grávida. Ela teve a casa cercada na madrugada do dia 28/01 e foi levada para Criciúma (SC). Outro militante, Rui Fernando da Silva Junior, foi levado para Laguna (SC).

A nosso ver, trata-se claramente de um novo “balão de ensaio”, semelhante aos que já têm sido feitos em estados como o Rio Grande do Sul – onde o Ministério Público regional chegou a listar, em atas de reuniões, uma série de estratégias visando a “dissolução do MST” -, bem como nos estados do Pará – região que teve, entre 1982 e 2008, mais de 680 trabalhadores rurais assassinados segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), e praticamente nenhum latifundiário julgado ou punido - e de Pernambuco – que tem vivenciado um aumento significativo no número de prisões e assassinatos de trabalhadores rurais e militantes sociais Sem Terra. Em todos estes estados, a exemplo das montagens recentes de São Paulo, a grande mídia tem se especializado em retratar o constitucional direito à reunião e organização popular para reivindicação de direitos, em crime e baderna. Para isso atuando cada vez mais descaradamente de mãos dadas com a polícia e com as elites locais, para forjar “reportagens”, “provas” e “escândalos” que são utilizados para intensificar a criminalização e estigmatização dos lutadores sociais e da população mais pobre de forma geral, descritos como “baderneiros”, “bandidos” e “terroristas”. Contribuindo assim, de forma absolutamente ilegal e irresponsável, para o aumento da tensão no campo.

Criminalização e Direitos Humanos

Um quadro terrível que apenas ratifica a crescente criminalização dos pobres e dos seus movimentos sociais em todo o país, a qual vem sendo amplamente denunciada e detalhada por centenas de organizações sociais, sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras, fóruns sociais, meios de comunicação independentes, movimentos populares, e militantes de direitos humanos de forma bastante ampla.

Um cenário que apenas reforça a urgência da aprovação e implementação integral do Programa Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH-3), assinado por dezenas de Ministros e pelo próprio Presidente da República, o qual prevê uma série de medidas e avanços importantes no sentido de amenizar as violências e garantir os direitos humanos fundamentais à sociedade brasileira e a sua incipiente democracia. E que, no caso específico dos conflitos rurais, orienta para a criação de novos mecanismos de mediação prévia antes da concessão de liminares de reintegração de posse e de mandados de prisão no meio rural brasileiro, com o intuito de diminuir a violência contra trabalhadores rurais.

Outro elemento importante, que corrobora com esse quadro de violência e criminalização agravado no campo brasileiro, está relacionado ao fato do governo Lula não ter cumprido a meta (já rebaixada) de reforma agrária que fizera, e ainda não ter tido a coragem de determinar ao Ministro da Agricultura Reinhold Stefanes – representante do latifúndio no seu Gabinete – que assinasse a instrução de atualização dos Índices de Produtividade – por sua vez, assegurada pelo Presidente em 2009, também prevista e reiterada no PNDH-3.

Solidariedade e Liberdade

Trata-se de uma situação emergencial, vivida agora com mais violência pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e seus militantes, mas que tem motivações e estratégias muito semelhantes àquelas utilizadas contra militantes sindicais nas suas greves e mobilizações (que cada vez mais sofrem “interditos proibitórios”); contra militantes da comunicação popular, de rádios comunitárias e outros meios (expropriados, presos e criminalizados); contra mulheres que se levantam contra o machismo e o sexismo, dentro de casa e no espaço público (sobre-violentadas); contra comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e de populações atingidas por enchentes e barragens (vitimadas e desassistidas); e principalmente contra trabalhadores pobres e negros das periferias urbanas, aonde se vive há muito tempo um verdadeiro genocídio classista e racista.

É óbvio que não somos nós, trabalhadores e trabalhadoras pobres, quem estamos levando a cabo este verdadeiro projeto de destruição, via exploração das pessoas e dos recursos naturais do país; é óbvio que o dinheiro de toda esta exploração e de toda esta destruição não sai de nossas mãos, muito menos volta na forma de lucro e corrupção para os nossos bolsos; no entanto somos nós quem temos sofrido, cada vez mais, as violências decorridas deste processo de segregação e de acumulação sem limites, tendo ainda que sofrer na pele com mais intensidade os terríveis danos sócio-ambientais de uma elite irresponsável, bem como ser cada vez mais criminalizado, reprimido e estigmatizado por um Estado e por uma grande mídia servil aos interesses de seus proprietários e financiadores. Organização social para eles agora virou sinônimo de “formação de quadrilha”. Logo eles...

Por isso tudo é urgente nos solidarizarmos uns aos outros, em nome da democracia e da liberdade. Neste momento, “somos tod@s Sem Terra” e exigimos a imediata libertação dos presos e presas políticas do MST. Convocamos também todos os apoiadores políticos, organizações de direitos humanos e jornalistas comprometidos com a luta pela reforma agrária e com a luta do povo brasileiro a divulgar amplamente e acompanhar mais de perto toda esta urgente situação. É preciso que se formem Núcleos de Denúncia da Criminalização e de Solidariedade entre os Trabalhadores e Trabalhadoras em cada região. E, assim, deveremos fazer em relação a cada setor, a cada movimento ou a cada pessoa de nossa classe social que esteja sendo vítima de violências e abusos semelhantes.