Honduras - Goriletti bajo presión interna y externa

El Gobierno de facto hondureño estaba este martes bajo fuego cruzado, con la comunidad internacional y algunas fuerzas que apoyaron el golpe de Estado exigiendo de marcha atrás con la suspensión de las libertades civiles.

La primera fisura en el apoyo interno al Gobierno interino surgió el lunes, cuando diputados de los partidos Liberal y Nacional -que habían respaldado el derrocamiento de Manuel Zelaya a fines de junio- pidieron al presidente de facto, Roberto Micheletti, que diera finalizara con sus medidas radicales.

El mandatario de facto suspendió el domingo por decreto la libertad de asociación y movimiento -algo que sirvió a las autoridades para abortar las marchas de protestas contra el Gobierno de facto- y también la libertad de prensa, lo que les permitió allanar y cerrar a dos medios pro Zelaya.

Las fuerzas de seguridad seguían rodeando por octavo día consecutivo la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde Zelaya llegó el lunes de la semana pasada tras entrar en secreto al país para reclamar el poder.

Zelaya y Micheletti coquetearon la semana pasada con el diálogo, pero la situación se estrelló contra el obstáculo insuperable de restituir al presidente, algo que reclama toda la comunidad internacional desde hace tres meses.

Micheletti no quiere restituir a Zelaya, sino que busca arrestarlo por supuestamente violar la Constitución ante sus presuntos intentos de conseguir la reelección presidencial.

El sábado, el Gobierno de facto dio un ultimátum de 10 días a Brasil para que entregue a Zelaya o le dé asilo y lo saque de Honduras, agudizando la peor crisis política en América Central en décadas.

Uno de los hombres de confianza de Micheletti, el general Romeo Vázquez, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y quien derrocó a Zelaya a punta de rifle expulsándolo a Costa Rica, dijo este martes que hay que tener una postura más abierta.

"En este momento yo he observado, he visto y he sido participe inclusive de diferentes momentos de diálogo, lo cual nos hace suponer que rápidamente vamos a encontrar una solución", dijo al Canal 5 de televisión. "Pero, el punto de partida es que flexibilicemos nuestra mente", añadió.

La suspensión por decreto de las garantías constitucionales podría hacer abortar una marcha convocada para el martes por los seguidores de Zelaya del Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe, como ocurrió en la víspera.

El Gobierno de facto reprimió violentamente la semana pasada varias manifestaciones a favor de Zelaya, con un saldo de al menos dos muertos.

El decreto de Micheletti, declarando una suerte de estadio de sitio, hizo que la comunidad internacional pusiera el grito en el cielo.

"Estoy muy preocupado sobre el desarrollo de la situación en Honduras. Un estado de emergencia ha incrementado las tensiones", dijo este martes el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en rueda de prensa.

"Noto que el Congreso de Honduras ha rechazado la suspensión de las libertades civiles y urge a respetar las garantías constitucionales", agregó.

En la tarde del lunes, legisladores de los partidos Liberal y Nacional pidieron a Micheletti que derogara las medidas. El presidente de facto respondió que consultaría con el Tribunal Supremo.

"Las libertades inherentes en los derechos suspendidos son inalienables y no pueden ser limitadas o restringidas sin dañar seriamente las aspiraciones democráticas del pueblo hondureño", dijo por su parte el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly.
Mientras tanto, sigue corriendo el plazo de 10 días que las autoridades dieron a Brasil para que conceda asilo político a Zelaya o lo entregue a la justicia.

Brasil rechazó el ultimátum y alertó sobre el riesgo de un allanamiento en la embajada, luego de que el Gobierno de facto amenazara con quitarle su estatus si Zelaya no la abandona.

Las Naciones Unidas también mostraron su preocupación por el respeto a la sede diplomática.

"Las amenazas al personal de la embajada (...) son intolerables. El Consejo de Seguridad ha condenado esos actos de intimidación. Yo también lo hago, en los términos más fuertes", dijo Ban Ki-Moon.

La Organización de Estados Americanos (OEA) también exigió al Gobierno de facto de Honduras que respete la inmunidad diplomática de la representación de Brasil.

"Cualquier violación de estas normas del derecho internacional afecta seriamente la convivencia hemisférica y exigen la acción conjunta de la comunidad internacional", dijo el organismo en una declaración.

El Gobierno de facto dijo que recibiría el 7 de octubre a una misión de cancilleres de la OEA.

Pero, el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, dijo que sólo viajarían a Honduras cuando "haya algún resultado que obtener".